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Cámara de Comercio de Maracaibo exige dejar sin efecto medidas contra la agroindustria

Venezuela, pero en especial el estado Zulia, atraviesan por la peor crisis económica y social en su historia moderna, originada por la aplicación de políticas públicas equivocadas, cuyas consecuencias se han extendido, no sólo en el plano económico sino también en el político y social del país.

En Maracaibo, las empresas luchan por permanecer abiertas, aguantando y esperando que la situación económica-social mejore. Pero a medida que pasa el tiempo, las condiciones se agravan y con ello, disminuye el margen de maniobra de las empresas para mantener sus operaciones. Hoy en día, la gran mayoría de los establecimientos continúan funcionando, principalmente porque sus accionistas siguen inyectando capital de trabajo. Pero esta situación tiene un límite.

El racionamiento eléctrico a diario, la escasez de combustibles, además de los problemas jurídicos, laborales, deficiencias de infraestructura y servicios públicos, inseguridad, hiperinflación y desabastecimiento, por solo nombrar algunos, han traído como consecuencia una caída brutal de la actividad económica regional, junto con una constante disminución del ingreso real y de la rentabilidad empresarial. La lista de las dificultades por las cuales atraviesa el sector privado es larga; y aún así, para sorpresa de muchos, dicha lista sigue creciendo.

En medio de esta crisis, las empresas zulianas reciben un nuevo golpe: Hidrolago, la empresa regional encargada de la distribución de agua potable, coordinada por Hidroven y dependiente del Ministerio del Poder Popular para la Atención de las Aguas (MinAguas), comienza a realizar de manera repentina e imprevista, cobros excesivos a empresas de la ciudad por un servicio de suministro de agua prácticamente inexistente. Se les conmina a pagar de inmediato elevadas sumas de dinero, amenazando con retirarles el medidor de agua. ¿Qué empresa puede seguir operando en este entorno? El Gobierno Nacional tiene que definir si quiere acorralar a las empresas hasta quebrarlas o si por el contrario, prefiere abonar el terreno para que crezcan, abastezcan el mercado nacional e incluso puedan exportar, creando empleos y generando ingresos reales para así poder tributar. Las instituciones del Estado no terminan de entender que el financiamiento para acometer sus obligaciones con la sociedad a la cual ellos dicen representar, no puede provenir de un solo sector de la misma y que además no le prestan el servicio por el cual pretenden cobrar.

Según las estimaciones que manejamos de acuerdo a información aportada por empresas afiliadas, en promedio solo se reciben uno o dos días de agua por cada treinta (30) días calendario; sin embargo, algunas empresas tienen hasta seis (6) meses continuos sin recibir agua por tuberías de Hidrolago.

Y acá surgen las siguientes preguntas:

1. ¿En base a qué parámetros se determinan los montos a pagar, si la mayoría de los medidores de agua están inoperativos?
2. ¿Puede Hidrolago cobrar por un servicio inexistente, apoyándose solo en el servicio alcantarillado y disposición de aguas servidas?
3. ¿No puede considerarse como un chantaje la amenaza de retirar de inmediato el medidor de agua a menos que se paguen las facturas presentadas repentinamente?
4. ¿Cuál es el destino para los fondos que se pretenden cobrar por dicho servicio?
5. ¿Qué planificación y tiempos de ejecución tiene Hidrolago para resolver en un plazo perecedero, los problemas del suministro de agua en la ciudad?

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela indica claramente que el Gobierno en todos sus niveles, es el responsable de garantizar un suministro continuo de agua potable. En su artículo 82, reconoce el derecho de toda persona a disponer de una vivienda adecuada, segura, cómoda, higiénica y con servicios básicos esenciales. En su artículo 117 reconoce también el derecho a disfrutar de bienes y servicios de calidad. Ambas disposiciones, en conjunto con el principio de no discriminación consagrado en el artículo 21 del mismo texto constitucional, ha servido como fundamento para reconocer el derecho de toda persona al acceso al agua potable en forma equitativa y no discriminatoria.

Ahora bien, el Gobierno Nacional, en vez de escuchar y reunirse con el sector gremial empresarial privado del país, principal fuente de ingresos gubernamentales por vía tributaria, primer empleador (fuente de trabajo) y productor de bienes y servicios de la nación, prefiere seguir tomando medidas unilaterales que lejos de ayudar a superar la crisis del agua, terminan por agravar la misma. En medio de este panorama, ¿qué empresa en el Zulia puede pagar de inmediato facturas exageradas a Hidrolago por un servicio que no provee?

De allí que la Cámara de Comercio de Maracaibo solicita al Gobierno Nacional y a Hidrolago, lo siguiente:

  1. Suspender de inmediato el cobro solapado de facturas excesivas por un servicio de agua virtualmente inexistente y supuestamente brindado en el pasado.
  2. Reunirse lo antes posible con representantes gremiales del sector privado, para formular un tarifario y sistema de cobro por el servicio de agua que sea suministrado de ahora en adelante. La factura de cobro debe ser en función de la cantidad de agua (litros) efectivamente suministrada por Hidrolago, y no por el servicio de alcantarillado o recolección de aguas servidas. Al no disponer en la mayoría de los casos de equipos de medición operativos y mientras se instalan los nuevos medidores, solicitamos una estimación realista del consumo en función de la menguada frecuencia de suministro y la deducibilidad de los gastos incurridos en agua, previa presentación de facturas (camiones de agua, equipos de bombeo, dispositivos de almacenamiento, etc.).
  3. Establecer mesas de trabajo con el sector privado para definir una planificación que incluya el financiamiento y tiempos de ejecución de las obras destinadas a resolver el problema de abastecimiento de agua en toda la región a mediano y largo plazo. La experiencia exitosa que hemos tenido con la Alcaldía de Maracaibo en materia tributaria municipal debe servir de ejemplo de lo productivo que pueden resultar dichas reuniones.

Finalmente, la descentralización del servicio de agua potable es una necesidad impostergable. El artículo 178, numeral 6, establece claramente que el servicio de agua potable y la disposición de aguas servidas, es competencia municipal. De allí que solicitamos a la Alcaldía, representada por el Alcalde Willy Casanova, y al Concejo Municipal de la ciudad, representado por la presidente Jessy Gascón, involucrarse directamente para buscar una solución a la problemática del agua lo antes posible, al mismo tiempo que solicitamos sus buenos oficios para defender a las empresas de la ciudad ante Hidrolago, y poder propiciar el tan necesario diálogo para el beneficio de todos.

En la Cámara de Comercio de Maracaibo respaldamos, como lo hemos planteado en oportunidades anteriores, la sinceración de la economía y por ende, el cobro progresivo de los servicios públicos a su verdadero costo. Sin embargo, este ajuste tiene que tomar en cuenta el profundo deterioro de la situación económica actual de las empresas y los hogares zulianos y sobretodo, se debe corresponder a un servicio efectivo. Nuestra institución siempre va a estar dispuesta a colaborar con los gobiernos nacional, regional y municipal, en función de resolver los problemas no solo de las empresas y del sector privado, sino de las comunidades en general. No hay desarrollo posible sin servicios públicos de calidad, por lo que hoy urge más que nunca, el trabajo conjunto del sector público y del sector privado para sacar adelante a Venezuela. Empecemos ya a construir el país que tanto queremos. Si por el contrario, no somos capaces de cambiar el rumbo, nos enfrentamos a un futuro desolador.

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