Esta es una pregunta que tarde o temprano había que hacerse, tomando en cuenta la creciente cantidad de reportes sobre la presunta participación de agentes de cuerpos policiales en delitos violentos contra la propiedad, léase asaltos y robos.
El caso que nos lleva a elaborar este micro ocurrió en valencia durante los primeros días de enero. La víctima manejaba una motocicleta de baja cilindrada cuando fue detenida por individuos que aparentemente participaban en un punto de control vial. Por sus uniformes se podía deducir que pertenecían a la policía estatal.
De acuerdo con la denuncia correspondiente, la víctima fue despojada de inmediato de su motocicleta, con la aparente intención de exigirle un pago con posterioridad, a cambio de la devolución del vehículo.
Pero la llamada nunca se produjo. La víctima acudió a la policía judicial.
Las investigaciones de la policía judicial permitieron identificar a los integrantes de una numerosa banda en la que participaban mezclados tanto delincuentes comunes como agentes policiales. Pero no del cuerpo de seguridad regional, sino de la policía municipal de san diego, que es una municipalidad perteneciente al área metropolitana de la capital carabobeña.
Lo cierto es que este grupo venía actuando a sus anchas desde finales de 2019. Pero fue la oportuna denuncia de una de las víctimas la que posibilitó la identificación de los integrantes y la captura de casi todos uno de los elementos más interesantes de este caso es que la víctima, como se diría en términos coloquiales, siguió la corriente a los delincuentes hasta que obtuvo suficiente información como para dar pie a una pesquisa policial exitosa. Desde luego, cabría preguntarse cuántas personas fueron victimizadas previamente, sin que esta situación fuese conocida del todo por los cuerpos de investigación penal.